El Consejo de Ministros ha autorizado esta semana el reparto de 1.889 millones de euros a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Entre las actuaciones subvencionables se contempla el cambio de ventanas y la renovación de sistemas de calefacción obsoletos.
Esa partida (que sale de los fondos europeos de recuperación) se suma a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022. Según el Gobierno, las diferentes medidas e instrumentos aprobados hasta ahora para la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario nacional «no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda».
De los 1.889 millones de euros, 1.389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para levantar viviendas en alquiler social. Así, se busca reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable de los hogares y mejorar el confort y la habitabilidad, promoviendo, por ejemplo, el cambio de ventanas, el despliegue de sistemas de calefacción alimentados con energías renovables, o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos.
El pilar fundamental del Plan de Recuperación es la transformación de nuestro modelo económico y del conjunto de la sociedad bajo el signo de la sostenibilidad. Este objetivo, que es imprescindible para combatir el cambio climático que nos amenaza, se ha visto plenamente justificado y más necesario que nunca con la guerra desatada por Rusia en Ucrania. Y es que reducir la huella de carbono y el consumo es vital, además de para luchar contra el cambio climático, para disminuir nuestra dependencia energética.
Según explica el Gobierno, junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, las nuevas medidas refuerzan las oportunidades para impulsar la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, «a través de diferentes medidas e instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, y que hacen especialmente atractivas tales actuaciones».
El objetivo último de todas estas iniciativas es «mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento».